jueves, 10 de febrero de 2022

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desmintió las afirmaciones de médicos sobre la supuesta creación de nuevos impuestos a través de la Norma 04–2022 Sobre Incorporación, Permanencia, Exclusión y Declaración Jurada en el Régimen Simplificado de Tributación (RST).

Mediante comunicado explicó que el objeto de esa norma es establecer el procedimiento para el RST y regular los aspectos de validación de propuestas, tratamientos para la exención contributiva y para retenciones no realizadas; en las modalidades de compras e ingresos.

“Es decir, el propósito de esta normativa es regularizar las distorsiones operativas que existían y que permitían a los acogidos al RST beneficiarse de más de una exención contributiva”, explica DGII.

En el RST hay 20,500 contribuyentes registrados divididos en 16,500 profesionales liberales y 4,000 personas jurídicas. De estos 7,500 son médicos.

De los médicos hay 4,400 que tienen ingresos anuales promedio de 3.3 millones de pesos. “Es este segmento de los galenos donde se apreciaría la corrección de la distorsión mediante la Norma 04-2022”.

Sin embargo, la DGII aclara que la norma no tendría ningún efecto impositivo en el 39% de los médicos acogidos en el RST y tampoco al 62% de los profesionales liberales bajo esta modalidad.

Respecto a que la norma sería violatoria del principio constitucional de irretroactividad, la DGII recuerda “que la exención contributiva, al no ser parte de la base imponible del Impuesto Sobre la Renta, no está sujeta ni depende de la periodicidad de su hecho generador, como tampoco pasa con los créditos a los impuestos determinados”.

Destaca que la norma agotó un proceso de consulta pública, el cual recibió tres comentarios, los cuales fueron en su mayoría incorporados.

Retenciones

En cuanto a la Impuesto sobre la Renta a los asalariados, la DGII explica que desde el año 2017 la tabla de retenciones de personas físicas no sufre ninguna variación y que como órgano recaudador tiene la obligatoriedad de publicar dicha información que es una disposición del Congreso.