miércoles, 29 de septiembre de 2021

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- El gobierno anuncio una serie de medidas para garantizar el control y evitar el tráfico de parturientas en el país y de esa manera enfrentar la migración irregular.

Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violando las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales en­frentarán sanciones drásticas si las incumplen.

Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de tres meses a los empresarios y personas en particular que tienen contratadas a personas extranjeras de forma irregular, para que regularicen sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sanciona­dos con multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.

Así lo determinó a unanimidad anoche el Consejo de Migración de la Repúbli­ca Dominicana, en una reunión que encabezó el pre­sidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.

La información la dio a conocer el ministro de Inte­rior y Policía, Jesús Vásquez “Chú”, quien explicó que una vez vencido el plazo establecido, todas las em­presas o empleadores que requieran los servicios labo­rales de extranjeros, debe­rán contratarlos de confor­midad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominica­na, explicó, debiendo cum­plir para ello con el procedimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento de aplicación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables.

“Este Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que estable­cen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empre­sa o empleador”, dijo.

Advirtió que el Estado do­minicano tomará todas las medidas que sean necesa­rias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingre­so al país de todo ciudada­no de nacionalidad extran­jera que implique una carga irrazonable para las finan­zas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.

“La regulación y control del movimiento de perso­nas que entran y salen del territorio de la República Dominicana es un dere­cho inalienable del Estado dominicano, pero por mu­chos años el ejercicio de es­te derecho ha sido parcial o nulo, afectando los intere­ses nacionales y lesionan­do nuestra soberanía”, des­tacó el funcionario.

Manifestó que la pre­sente administración tie­ne una posición clara y fir­me sobre la mejor manera de manejar este problema persistente y la única solu­ción posible es el cumpli­miento del ordenamiento jurídico nacional en mate­ria migratoria. “El Ministe­rio de Interior y Policía tie­ne la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migrato­ria del Estado dominicano como organismo que presi­de el Consejo Nacional de Migración”, dijo.