lunes, 12 de junio de 2023

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- La propietaria de unos terrenos de donde fueron desalojadas decenas de familias en el barrio "El 4" en Marañón de Villa Mella hace más de un mes, acusaron al senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, de obstruir el cumplimento de sentencias que reconocen el derecho del inmueble, mientras que el legislador asegura que reconoce el derecho de propiedad, pero que rechaza el abuso.

Rita Virginia Peña Jimenez informó que tiene 15 años litigando por esos terrenos que compró en 1994 al señor Andrés Valenzuela. Indicó que tiene una sentencia de 2018 que establece el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.

Además, manifestó que cuenta con una certificación de no casación emitida por la Suprema Corte de Justicia y una orden de desalojo del abogado del Estado para desalojar a familias que ocupan unos terrenos de su propiedad de alrededor de 38,127.9 metros cuadrados.

Informó que en el año 2020 el abogado del Estado le otorgó una orden de desalojo, amparada en una sentencia de un tribunal competente, pero que el plazo de ejecución venció por un asunto de burocracia policial.

Negó que se haya practicado el desalojo sin notificación y aclaró que las notificaciones están en la oficina del abogado del Estado y aclaró que de no haber sido así, los afectados no hubiesen interpuesto un recurso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. "Si no les notificó ellos no habrían podido apelar algo que no tiene conocimiento", dijo.

Peña Jiménez entregó un legajo de documentos emitidos por los la Suprema Corte de Justicia, el Abogado del Estado, la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierra, así como una orden de desalojo y dos títulos de propiedad a nombre de Rita Virginia Peña Jiménez que la acreditan como propietaria de un terreno de 14,680.84 metros cuadrados correspondiente a la parcela 400572233326 ubicado en el sector Marañón en Santo Domingo.

Explicó que para hacer uso del derecho de propiedad y ejecutar el desalojo de las familias el 19 de abril pasado, intervino el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.

"Nosotros no tenemos nada en contra del senador, lo que si queremos es que respete nuestro derecho que, así como él tiene propiedades que la vela para que nadie se la invada, nosotros lo único que pedimos es eso y hemos utilizado la vía del derecho", indicó la afectada.

Demandó del legislador que no intervenga en este proceso y deje que se cumplan la ley como lo establecen las sentencias que tiene a su favor.

Indicó que en una oportunidad intentaron negociar los terrenos con los propios ocupantes y no fue posible, por lo que ahora ya no tienen interés en llegar a ningún acuerdo con ellos, más que hacer posesión de su bien.

En su defensa sobre este caso, Taveras indicó que como senador de la República intervino en el caso porque hay 376 familias involucradas y le solicitó al abogado del Estado que le permitiera investigar el caso a ver si las familias podían ser asentadas en otro lugar, pero como quiera se ejecutó el desalojo en horas de la madrugada.

Un total de 45 familias, de 225 que tiene el barrio, permanecen desde hace 36 días a la intemperie debido a que sus casas fueron derribadas por los propietarios del terreno.  Se han juntado y debajo de una vieja lona recolectan y cocinan en pedazos de block.