domingo, 21 de junio de 2020

BARAHONA.- Lograr la conclusión de los contenidos educativos de este año (2019-2020) ante el cierre de las clases en las aulas por la crisis generada por el COVID-19, es una discusión latente que mantienen los padres ante el silencio del ministro de Educación.

Aunque la maestra le responde que en el colegio se reúnen para definir la logística a implementar y que el Ministerio de Educación tiene la última palabra al respecto, la angustia del joven padre no quedo satisfecha pues le preocupa el modelo de docencia que se va a implementar y las consecuencias que el mismo tendrá en su situación familiar y sus responsabilidades laborales.

“En mi caso, yo vivo en Bartolomé  y trabajo casi en Barahona, la clase que recibía por esta vía era un caos para mí y tener que llegar a mi casa a ayudar en lo que la niña no había hecho era difícil ya que en la casa no existe responsabilidad del niño, y si estando en la escuela uno tiene que ayudarlos este año entonces será peor”, explica Víctor Manuel, quien padre soltero y se responsabiliza del cuidado de su  hija con la ayuda de su madre, sin embargo ambos tienen que cumplir jornadas laborales que les impiden acompañar a la niña durante el día.

Las reacciones en el grupo educativo no se hizo esperar, algunas madres manifestaron que preferían que las clases se mantuvieran de manera virtual para así no tener que arriesgar a sus hijas e hijos a que contraigan el COVID-19, un virus con altos niveles de contagio que aún no tiene vacuna y que a nivel mundial ha cobrado la vida de 445,000 personas, mientras que en República Dominicana alcanza lo 655 muertos y 25,778 infectados.

Esa misma preocupación persiste en toda la región sur del país.

El Consejo Nacional de Educación aún no toma una decisión final respecto al protocolo general que se adoptará para iniciar el año escolar 2020-2021 para garantizar la salud de la comunidad docente y los contenidos educativos. Padres, madres y tutores se mantienen en la incertidumbre mientras la expansión del COVID sigue alcanzando cifras preocupantes que podrían obligar al gobierno a detener las desescalada de la economía, volver a instaurar la reclusión de la población en sus casas y el cierre parcial de las actividades comerciales y productivas.