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Cierran otra vez colmados donde fallecieron personas por bebidas adulteradas

jueves, 10 de junio de 2021

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Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumi­dor) informó que volvió a cerrar dos colmados del sector Juan Pablo Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, clausurados el pasado mes de abril por vender bebidas alcohólicas adulteradas.

 

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, indicó que pese a provocar la muerte a varias personas, esos negocios reabrieron sus actividades comerciales sin la autorización de la entidad.

 

El funcionario dijo que tan pronto esa institución fue informada que los colma­dos El Tanque y Elianny, ubicados en el referido sec­tor, fueron abiertos por sus propietarios desacatando la medida tomada por esa en­tidad el pasado 19 de abril, se procedió nuevamente al cierre inmediato de ambos establecimientos.

 

Alcántara recordó que en esa fecha, se levantó el Ac­ta de Inspección número 1019-2021 cuyos hallazgos principales fueron “la venta de bebidas alcohólicas pre­suntamente adulteradas, que provocaron la muerte de varias personas”.

 

Dijo que esa decisión se to­mó en virtud de los artícu­los 24 y 117 de la Ley 358-05 y de su Reglamento de Aplicación aprobado por el decreto número 236-08, “procediendo de manera oficiosa a realizar una ins­pección para verificar la ca­lidad, inocuidad e higiene en las instalaciones de estos establecimientos.

 

El colmado El Tanque estás ubicado en la calle 15 es­quina calle 8, y el colmado Elianny, en la calle Ramón E. Hierro Santos esquina calle 8, del referido sector.

 

Manifestó que tras los ha­llazgos, se procedió a colo­car los afiches de suspen­sión de la comercialización en estos establecimien­tos “por vender bebidas al­cohólicas presuntamente adulterada”.

 

Alcántara advirtió a los propietarios de ambos colmados que dadas las circunstancias y de com­probarse la violación a las disposiciones lega­les “podría ser iniciado en su contra un procedi­miento administrativo sancionador por violen­tar las disposiciones de la Ley 358-05 en perjui­cio de la población.

 


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