jueves, 10 de septiembre de 2020

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- Las  direcciones de Contrataciones Públicas  y de Ética e Integridad Gubernamental apoderaron hoy  cerca del mediodía a  la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, del  expediente sobre presuntas irregularidades cometidas  con la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del  exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch,  depositaron  el expediente  cerca del mediodía.

Durante una visita a la Procuraduría General de la República, ambos funcionarios argumentaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.

“Creemos que el Ministerio Público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, subrayaron en un documento conjunto.

Tanto Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el ex director de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación del licenciado Gonzalo Castillo, no es sostenible tras analizar los documentos depositados en la Dirección General de Ética.

La Dirección de Contrataciones Públicas ha podido constatar que las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas coinciden en gran parte con las denuncias realizadas por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe”, difundido en noviembre del año pasado. Los hechos, afirman, posteriormente habrían sido comprobados en un documento emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas el pasado 26 de mayo de 2020.

“Dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con el licenciado Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar. De igual manera, por las irregularidades en la contratación de unos RD$11,500 millones, sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público”, resaltaron.

A esto se añade, según los nuevos funcionarios, la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas; y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y libre competencia establecido en la Ley 340-06.

Pimentel y Ortiz Bosch deploraron que Cadet recomendara archivar el caso sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas, a solicitud de la propia DIGEIG, en fecha 5 de agosto del 2020.

“El informe notificado el 26 de mayo del 2020, que ha sido valorado como un documento de suma importancia para determinar el desarrollo de esta investigación, que fue obviado a pesar de que el mismo se encontraba en las manos del director general de la DIGEIG; según acuse de recibo de la licenciada Chintia Gonzalez, informe que hemos considerado válido para aceptar la solicitud de la DGCP del cinco de agosto del año 2020 para que “se realice la corrección del precitado error” y consecuentemente, la recomendación de revocación del archivo contenido en el informe de denuncia del 29 de julio del año 2020”.

Los funcionarios afirmaron que, tomando en cuenta que el ex ministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la Administración Pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa sino actuar según lo establecido en artículo 169 de la Constitución que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”, concluyeron.