martes, 9 de diciembre de 2025

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y pidió que a todos se les imponga 18 meses de prisión preventiva, además de que el caso sea declarado complejo por la magnitud del esquema fraudulento investigado.

Durante el depósito del expediente ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el fiscal Héctor García explicó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sustentó su solicitud en “la gravedad del daño ocasionado al patrimonio público y el alto volumen de maniobras detectadas”.

Los arrestos y allanamientos se produjeron el sábado, y según el Ministerio Público fueron efectuados 12 allanamientos en distintos puntos en busca de pruebas.

Déficit supera los 15 mil millones de pesos

García indicó que la investigación preliminar revela un manejo irregular de fondos que habría generado un déficit superior a los 15,000 millones de pesos, recursos que debieron estar disponibles para la operatividad de la administradora estatal y la cobertura de sus afiliados.

Según la acusación, el grupo imputado habría ejecutado un esquema sostenido de desvío de fondos, autorizaciones irregulares y pagos indebidos a prestadores, lo que produjo un daño significativo al sistema público de salud.

En el expediente figuran como acusados Santiago Hazim Albainy, exdirector de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público indicó que además de los arrestados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, con el objetivo de ser sometidas conforme avancen las indagatorias.

Investigación en expansión

El órgano acusador sostiene que el caso involucra un entramado que funcionó durante varios años y que defraudó miles de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.

La Procuraduría asegura que profundiza las pesquisas y que solicitará responsabilidades penales y civiles para todos los involucrados.

La audiencia para conocer la medida de coerción será fijada por el tribunal en las próximas horas.