lunes, 8 de diciembre de 2025

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Santiago Hazim, y otras siete personas permanecen detenidas desde el sábado en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusados de defraudar a la administradora de riesgos de salud estatal con miles de millones de pesos.

El desmantelamiento del entramado ha sido denominado por el Ministerio Público (MP) como “Operación Cobra”.

Bajo arresto han quedado, hasta ahora, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero del Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; el empresario Eduardo Read Estrella, de Khersun S,A; Cinty Acosta Sención, de IntraCare; Ramón Alan Speakler Mateo, del grupo Suilrod, y Ada Ledesma Ubiera, por la farmacéutica Lufarka.

Más de 20 fiscales auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron 12 allanamientos a miembros de esta red. Otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias.

De acuerdo a un comunicado emitido por la PGRca, han podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas.

De acuerdo a las autoridades, se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el entonces director ejecutivo del SenaSa, en coalición con otros funcionarios de la ARS y la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud en perjuicio del Estado dominicano.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha advertido que se esfuerzan para que quienes han atentado contra la salud de la población, sobre todo de los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado cada peso robado al erario.

Reiteró su compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción.

Las investigaciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes son asistidos por un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.

Marcelino Vargas Brito, abogado de Ada Ledesma, aseguró que la dama se encontraba bien, de buen ánimo y confiada en el sistema de justicia. “Vamos a presentar la documentación para demostrar que en el caso de mi clienta, que era suplidora, se trató de una transacción comercial única y exclusivamente, sobre todo, de un monto insignificante”, precisó.

El equipo legal del empresario Eduardo Read explicó que desde el inicio de la investigación, su cliente se puso a disposición del Ministerio Público y ha colaborado con todos los requerimientos.