lunes, 15 de septiembre de 2025

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO. –  Ya está en manos de la procuradora Yeni Berenice Reynoso un informe sobre las "graves irregularidades" detectadas en la ARS SENASA.

La gravedad del caso Senasa justifica el alboroto. Un reportaje de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados y facturados aunque nunca llegaron a realizarse.

Para simular legitimidad, un "call center paralelo" operado por exempleados de la institución gestionaba las autorizaciones con identidades reales de afiliados.

El esquema habría desviado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas. Entre los nombres que aparecen en las denuncias figuran Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas); testigos protegidos señalan a Robles como cabeza del entramado.

No es el único flanco. Piera reveló que Senasa firmó en 2020 un contrato con una empresa para administrar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Bajo esa modalidad, la aseguradora pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales (780 millones al año) sin importar si los pacientes recibían o no servicios.

El acuerdo, añadido durante la actual gestión, carecía de mecanismos de fiscalización claros y convertía la atención primaria en una fuente de ingresos segura para el prestador privado.

La periodista también constató que, entre 2020 y 2024, la nómina pasó de 1,408 a 1,971 empleados y se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico, con costos superiores a cinco millones de pesos mensuales, tareas que antes desempeñaban los consulados.