Afirman acusados en caso Medusa proveían alimentos “podridos” a las cárceles
lunes, 11 de julio de 2022
Redacción CNS.-
Santo
Domingo, RD.- La lista de acusados en
el caso Medusa contiene más de 40 nombres a los que se les imputan delitos que
van desde la asociación de malhechores, sobornos, estafa contra el Estado hasta
incumplimientos de contratos y lavado de activos.
A Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz se le acusa de
haber realizado maniobras fraudulentas en el suministro de alimentos a los
recintos penitenciarios en coautoría con otros implicados a través de la
empresa Inversiones Zwaziland SRL., una de las compañías suplidoras de la
Procuraduría durante la gestión de Jean Alain Rodríguez y en la cual también
figura como único dueño.
Además, se le acusa de estafa contra el Estado
mediante la violación continua de los contratos que sostuvo con el ex
procurador, incumpliendo términos como “la cantidad de entregas, objeto a
entregar, y disminución de la calidad de los productos contratados” para
obtener beneficios económicos a su favor.
Con el conocimiento y la “omisión deliberada” de Jean
Alain, Santos de la Cruz entregó a las distintas cárceles alimentos
“incompletos, podridos, pestilentes y con gusanos”, es decir, no aptos para el
consumo humano, violentando las normas de salubridad y poniendo en riesgo a los
internos y al personal que labora en los recintos penitenciarios.
Según el expediente acusatorio presentado por el
Ministerio Público, esta misma acción fue realizada por los imputados Hilda
Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen
Molano Frías, Francisco Arturo Santos Gómez, Rossanna Vianela Pimentel de
Martínez, Fausto José Cáceres Salterio y Daniel Enrique Vásquez Feliz desde
otras empresas.
Así como por Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos
Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbott Brugal y Rafael Salvador Rasuk
Sánchez.
Este grupo y sus empresas se adjudicaron en contratos
más de RD$ 1,600 millones para suministrar alimentos a los centros
penitenciarios.
A los imputados mencionados se les hace responsables
de haber recibido pagos de sumas millonarias por alimentos que nunca se
entregaron a las cárceles.
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