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Afirman acusados en caso Medusa proveían alimentos “podridos” a las cárceles

lunes, 11 de julio de 2022

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Redacción CNS.-

Santo Domingo, RD.- La lista de acusados en el caso Medusa contiene más de 40 nombres a los que se les imputan delitos que van desde la asociación de malhechores, sobornos, estafa contra el Estado hasta incumplimientos de contratos y lavado de activos.

 

A Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz se le acusa de haber realizado maniobras fraudulentas en el suministro de alimentos a los recintos penitenciarios en coautoría con otros implicados a través de la empresa Inversiones Zwaziland SRL., una de las compañías suplidoras de la Procuraduría durante la gestión de Jean Alain Rodríguez y en la cual también figura como único dueño.

 

Además, se le acusa de estafa contra el Estado mediante la violación continua de los contratos que sostuvo con el ex procurador, incumpliendo términos como “la cantidad de entregas, objeto a entregar, y disminución de la calidad de los productos contratados” para obtener beneficios económicos a su favor.

 

Con el conocimiento y la “omisión deliberada” de Jean Alain, Santos de la Cruz entregó a las distintas cárceles alimentos “incompletos, podridos, pestilentes y con gusanos”, es decir, no aptos para el consumo humano, violentando las normas de salubridad y poniendo en riesgo a los internos y al personal que labora en los recintos penitenciarios.

 

Según el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, esta misma acción fue realizada por los imputados Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, Francisco Arturo Santos Gómez, Rossanna Vianela Pimentel de Martínez, Fausto José Cáceres Salterio y Daniel Enrique Vásquez Feliz desde otras empresas.

 

Así como por Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbott Brugal y Rafael Salvador Rasuk Sánchez.

 

Este grupo y sus empresas se adjudicaron en contratos más de RD$ 1,600 millones para suministrar alimentos a los centros penitenciarios.

 

A los imputados mencionados se les hace responsables de haber recibido pagos de sumas millonarias por alimentos que nunca se entregaron a las cárceles.


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