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Solicitan medida de coerción contra hermanos de expresidente Medina y otros funcionarios

martes, 1 de diciembre de 2020

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Santo Domingo.- Representantes del Ministerio Público acudieron casi a la medianoche de este lunes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y depositaron la documentación contra los exfuncionarios apresados en los que solicitan la imposición de medidas de coerción.



El material fue llevado en tres gavetas plásticas.


El personal que llevó el material arribó en tres yipetas de alto cilindraje con una fuerte seguridad. Al menos 12 personas formaron parte de la comitiva que entregó la documentación.


El Ministerio Público tenía hasta las 12:00 de la medianoche para depositar la solicitud de medida de coerción contra las personas que apresó este fin de semana en lo que denominó “Operación Antipulpo”. Los acusa de corrupción administrativa en el pasado gobierno.


El cuerpo de fiscales, coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la solicitud de medida de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a la que pidió la prisión preventiva para los imputados, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal Dominicano.


Como parte de la denominada Operación Antipulpo, la Pepca apresó el domingo a los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.

La dependencia del Ministerio Público solicitó audiencia para conocer las medidas de coerción en las próximas horas, así como la declaración del caso como complejo, al amparo del artículo 369 del citado Código Penal Dominicano.

Los imputados guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.







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