viernes, 17 de julio de 2026

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- Luego de que un total de cinco mujeres fueran rescatadas, en junio pasado, en la residencia de Encarnación Mejía, en Bélgica, la inesvtigacion continuó.

A partir de las pesquisas desarrolladas por las autoridades belgas, se identificó la existencia de una estructura criminal que movía cuantiosos beneficios económicos mediante actividades de explotación sexual.

Las investigaciones revelan que parte de los recursos obtenidos por la organización criminal eran transferidos a la República Dominicana con el objetivo de incorporarlos al sistema financiero mediante inversiones en bienes raíces y otras operaciones destinadas a ocultar y disimular el origen ilícito de los fondos. Playase islas

La Dirección General de Persecución, con el apoyo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional ejecutaron diversas diligencias investigativas dirigidas a la obtención de evidencias relevantes para el proceso penal que se desarrolla en el país europeo.

Entre las diligencias procesales destacan 20 allanamientos a moradas relacionadas a la estructura en el Gran Santo Domingo (Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional) y en el municipio de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte.

En las actuaciones estuvieron presentes miembros de la Policía de Bélgica y Países Bajos, acreditados para esta investigación.

El procurador adjunto Wilson Camacho recordó que la cooperación internacional constituye una herramienta esencial para enfrentar delitos complejos que trascienden las fronteras nacionales, como la trata de personas, la explotación sexual y el lavado de activos, permitiendo fortalecer las investigaciones y garantizar que quienes integran estas redes criminales respondan ante la justicia.

Reiteró que la Procuraduría General y el Ministerio Público continuarán colaborando con las autoridades internacionales, en estricto cumplimiento de los tratados y convenios de cooperación suscritos por República Dominicana, con el objetivo de combatir eficazmente las estructuras del crimen organizado en todas sus manifestaciones.