viernes, 23 de octubre de 2020

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderada de una oposición al archivo definitivo a favor de ocho de los implicados en el escándalo de corrupción por los US$92 millones en sobornos que admitió la empresa Odebrecht haber pagado en el país.

La magistrada Keila Pérez Santana fue apoderada del caso por el juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, luego de ser apoderado de una instancia por la abogada Evelyn Torres, representante de la Fundación Alianza Ciudadana.

Ahora la magistrada Pérez Santana deberá decidir si revoca o no el archivo con las firmas del ex procurador Jean Alain Rodríguez y de Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la instancia Alianza Ciudadana pide al tribunal acoger en cuanto al fondo la objeción y en tal sentido revocar dichos archivos ordenando a la Pepca, continuar y ampliar las investigaciones indicadas en torno a los encartados, debido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuenta la afectación social de los delitos atribuidos.

En la instancia de la ob­jeción, de la cual el Listín Diario posee copia, se sos­tiene que en caso de existir oposición por parte del ministerio público actuante y responsable de las indagatorias de lugar y partiendo del hecho de que los efectos propios del archivo no han sido declarados por la vía jurisdiccional pertinente, tener a bien intimar al ente acusador presentar acto conclusivo en contra de los 8 imputados favorecidos con la decisión impugnada.

Los autos, otorgados en septiembre de 2019 a favor de Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, César Sán­chez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy Gon­zález y Radhamés Segura, cuentan con las firmas del exprocurador Rodríguez y de Escaño Martínez.

En torno al caso, el departamento de Inspectoría del ministerio público interrogó al procurador de la corte Escaño Martínez, luego de que fuera apoderado por el Pepca, para que realizara una investigación por tratarse de un caso disciplinario.