miércoles, 27 de mayo de 2026

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- La entidad agregó que la Junta Central Electoral (JCE) posee potestad reglamentaria en los asuntos de su competencia, pero recordó que esa facultad tiene como función desarrollar la ley y no sustituirla ni contradecirla.

El planteamiento de Finjus coincide con criterios que el Tribunal Constitucional ha fijado sobre la relación entre ley y reglamento.

En la sentencia TC/0032/12, el tribunal recordó que el reglamento tiene una función subordinada frente a la ley, y sostuvo que "no puede exceder el alcance de la ley ni tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y espíritu". También indicó que los reglamentos no pueden "contrariarla ni rebasar su ámbito de aplicación".

Ese criterio fue retomado posteriormente por el propio TC en una sentencia que anuló un reglamento del Consejo del Poder Judicial sobre escalafón y provisión de cargos judiciales.

En esa decisión, el tribunal concluyó que el órgano había excedido sus competencias al regular mediante resolución una materia reservada a la ley.

El TC sostuvo, además, que la potestad reglamentaria "no se presume, pues debe estar prevista por la ley de manera expresa".

Uno de los puntos más cuestionados es la disposición que limita la publicación de encuestas electorales al período de precampaña, cuyo inicio está previsto para julio del 2027.

El periodista y presidente del grupo ACD Media, Danny Alcántara, afirmó ayer que mantiene la decisión de publicar el próximo lunes una encuesta electoral elaborada para sus medios, pese a la entrada en vigencia del reglamento.

Alcántara explicó que el estudio fue levantado antes de la aprobación de la resolución y adelantó que evalúa acudir a la vía constitucional.

"Consideramos que esa resolución es ilegal, que contraviene la Constitución de la República, que es violatoria de las dos leyes que regulan la actuación de la Junta", expresó.

Para el abogado Olivo Rodríguez Huertas, el problema no es que la JCE regule las encuestas, sino que el reglamento habría incorporado restricciones que la ley no contempla.

"En el caso de la ley que regula el régimen electoral (...) su gran limitación es de unos días previos a las elecciones donde se prohíbe la divulgación; en el resto, la ley guarda silencio", afirmó.