martes, 12 de abril de 2022

A través de una comunicación de prensa, Digesett expresó que el “lamentable hecho” ocurrido en el Canódromo se debió a que “no hubo ningún tipo de notificación previa” para la entrada de la comisión que encabezó el defensor del pueblo, Pablo Ulloa.

De igual manera, desde la entidad alegaron que “respetan la libertad de prensa” y a los reporteros de distintos medios, más allá de la agresión y confiscación de equipos que llevaron a cabo los agentes de la Digesett en el lugar mencionado.

Tras la agresión al defensor del pueblo y a miembros de la prensa, Pablo Ulloa se levantó una denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional por las agresiones físicas sufridas.

“Aún nosotros, habiendo hecho el proceso natural, que es el anuncio, una vez que decidimos hacer la inspección, por las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, a partir de esta agresión vamos a la Fiscalía del Distrito Nacional donde presentaremos formal querella”, informó Ulloa.

Igualmente, explicó que, previo al encontronazo, su presencia en el Canódromo se debía a una inspección, acción que dijo fue interrumpida de manera irregular por los oficiales del lugar, que también despojaron de sus equipos a varios miembros de la prensa.

La ley número 19-01, artículo 3, párrafo 1, se establece que: “El Defensor del Pueblo o sus Adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita”.