viernes, 5 de marzo de 2021

Redacción CNS.-

Santo Domingo, RD.-Aún restan 17 años para que el Estado dominicano termine de pagar por uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno en toda su historia: el “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná.

La ambiciosa obra prometía “grandes avances” para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del Nordeste, sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor del que se estimaba.

La concesión vial Autopistas del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, a manos de las empresas de capital colombiano Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., le ha costado al país altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los peajes.

El pasado 27 de febrero, en su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República Luis Abinader se refirió por primera vez contra el “peaje sombra” como algo “infame”, que representa un gran peso económico para el país, y prometió acudir a las vías legales para “buscarle solución”.

De acuerdo con el mandatario, desde hace 13 años el país ha desembolsado la suma de RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizarle a la concesionaria.

Para este 2021, la Ley 237-20 de Presupuesto General del Estado tiene asignada por concepto del “peaje sombra”  la suma de RD$4,930.9 millones, pero Abinader afirmó que para el año en curso al país se le está exigiendo el pago de RD$7,000 millones por este concepto.

El meollo del asunto radica en que el costo total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue de aproximadamente US$305 millones lo que equivale a  RD$17,674 millones, no obstante, el Gobierno dominicano ha pagado casi el doble de su verdadero valor y al país todavía le espera  “peaje sombra” hasta el año 2038.

“De seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable”, aseveró el presidente ante el Congreso Nacional.

Tras esa queja pública, el siguiente paso que dio el Gobierno fue contratar el pasado 2 de febrero al abogado Emmanuel Esquea Guerrero, con el fin de que analice el contrato de concesión y rinda un informe jurídico al presidente Abinader, para que este tome la decisión final.

Guerrero señaló que al momento de recibir el poder de la Presidencia de la República para estudiar el caso del “peaje sombra”, sólo conocía lo que se había publicado en la prensa.

Mientras Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señaló en el Programa Matinal, de Telemicro, canal 5, que el gobierno presidido por Abinader “siempre trata de buscar una salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado y solo si no es posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial”.