miércoles, 11 de noviembre de 2020

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, indicó que es necesaria una renovación en la ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo que da incentivos a la instalación de Industrias en la frontera como parte de una estrategia integral para el desarrollo de esa zona.

Marranzini dijo que están conscientes de las necesidades y la importancia de que las provincias de la zona fronteriza sean desarrolladas para bien del país.

Sin embargo, explicó que tiene observaciones en cuanto al proyecto de ley, pues considera que con esta redacción menos específica da pie a que existan distorsiones, inseguridad jurídica y una competencia desleal entre las empresas que no es lo que se debe buscar.

“Lo que se trata es generar empleos en la zona y darle un incentivo a las empresas que se instalen ahí para transformar, generar valor agregado, producir y exportar, pero, sin detrimento de otras zonas del país que hoy en día se ven afectadas y en un proceso de supervivencia”, señaló Marranzini.

El empresario manifestó que no se oponen a la Ley 28-01, pero si se oponen a que exista desde la ley esquemas o empresas que se instalen dentro de la legislación para aprovecharse de espacio de los “puntos en blanco que están dentro de la redacción actual de la ley”, para hacer evasión fiscal y competencia desleal.

Reconoció que dentro de dicha ley hay inversiones importantes que se han generado, pero, es necesaria que la distorsión sea eliminada para que la Ley de Seguridad Jurídica sea quien elimine la posibilidad de crear competencia desleal y evasión en el resto del país.

Sobre el desarrollo real de la zona fronteriza, Marranzini indicó que ese desarrollo es integral y estratégico y no sólo lo da la ley de incentivos debido a que le hacen falta complementos.

Para referirse a esos incentivos el empresario puso como ejemplo el anuncio de un puerto y el remozamiento del puerto de manzanillo.

“Las carreteras, el agua, vivienda y la electricidad son claves para que dentro de esa visión integral en la zona haya un mayor desarrollo y para que no solamente los incentivos fiscales sean a través de las empresas”, expresó el presidente del AIRD.

Mientras que José Luis Tavares miembro de la Asociación Dominicana de Empresa Fronterizas (Adefro), recalcó que estaba en representación del colectivo de las empresas que están instaladas y en plena operación al amparo de la Ley 28-01, y que su propósito es ser consecuente con ese interés y trabajar en pro del respaldo de una extensión del plazo de la Ley que vence en febrero del 2021.

“Ante la inminencia de este hecho Adefro encuentra satisfactorio el proyecto de ley ya aprobado en el Senado, el cual extiende la extensión tributaria por los próximos treinta años”, dijo Tavera.

Tavares manifestó que Adefro tiene 15 empresas que están operando en la frontera, con entre 8 a 12 mil empleados directos y veintiocho a treinta mil empleos indirectos.

Dijo que, en caso de no lograrse la extensión de ese periodo, ellos tendrían que emigrar ya que los sobre costos que implican la operación en una región remota, económicamente deprimida, sin infraestructuras, sin bases, ni plataformas de comunicaciones y sin empleados calificados, no le dejarían otra opción.

El representante de Adefro negó que existan empresas operando en la región fronteriza, acogidas en la Ley, realizando operaciones fuera de la Ley.

“Esta Ley tiene diecinueve años, librando una batalla campal con el sector empresarial capitalino, quien se ha opuesto desde el primer momento a esta Ley y parte de los mitos que se han tratado de divulgar para desmeritarla aplicación de la Ley y boicotear sus objetivos, ha sido precisamente un argumento que no ha sido comprobado”, finalizó.

La ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo está vigente desde el año 2001 y vence el 01 de febrero del próximo año 2021.

Ese proyecto que solicita dicha ampliación, fue iniciado en el Senado el pasado mes de septiembre y aprobado en el mes de octubre, es de la autoría de los senadores, Dionis Sánchez, Casimiro Antonio Marte y David Rafael Sosa.

El encuentro fue encabezado por el diputado José Santana Suriel (Bertico), quien manifestó que esas comisiones estaban apoderadas para el estudio de ese proyecto de ley que busca una extensión a 30 años de la Ley 28-01, recibió a los invitados a fin de escucharles.

Tras enterarse de estas intenciones, los residentes en las zonas fronterizas exigen ser parte de esos cambios, debido a que esta ley sólo favorece a los empresarios, ya que son los únicos grandes beneficiados apoderándose de todo el comercio de la zona y esas localidades sumidas en la pobreza. apuntaron en un documento enviado a este medio.