lunes, 4 de agosto de 2025

Redacción CNS.-

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader promulgó la Ley Orgánica 74-25, de 393 artículos, sobre el Código Penal y puso fin al estancamiento de dos décadas que tenía la debatida pieza en el Congreso Nacional.

El jefe de Estado tenía hasta el 10 de agosto para observar o promulgar la propuesta, pero lo hizo apenas dos días después de que el Senado le remitiera la normativa.

Había expectativas sobre si lo iba a aceptar o devolver, debido a las críticas de su familia a la norma que no exime las tres causales del aborto. Además, porque en la campaña del 2019, el hoy mandatario estaba a favor de las causales.

El aborto fue el punto más conflictivo, provocando que se cayera tres veces en los últimos cinco años.

Sin embargo, para esta ocasión, el partido oficialista —que controla el Congreso y que retira los proyectos por las críticas— logró que la propuesta pasara con la mayoría de los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados, cuyos miembros trabajaron jornadas extras durante la legislatura extraordinaria, en la que se aplicaron múltiples modificaciones.

Las causales fueron la razón por la que el expresidente Danilo Medina lo devolvió en 2014 y 2016. En el caso de Leonel Fernández, este lo observó en 2006, ante las protestas de los médicos, que se sentían afectados con la ley.

Con esta actualización, la nación deja atrás el antiguo marco jurídico implementado por Ulises Heureaux en 1884, el cual era una adaptación del código aplicado en Francia por Napoleón Bonaparte en 1810.

Los nuevos delitos que penaliza el Código Penal son: feminicidio, sicariato, ciberbullying, dopaje, violencia económica, difusión de imágenes con fines de chantaje, exhibicionismo, clonación de tarjetas, estafa piramidal, intermediación financiera no regulada, instigación al suicidio, bloqueo de paso y seguimiento a ambulancias, y carreras clandestinas.

Además, aumenta la prisión hasta 40 años y establece medidas de vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social de los infractores.

La promulgación no detuvo el dilema: el opositor Yván Lorenzo dijo que era un retroceso hacía la mujer. En el caso contrario, el ministro  José Ignacio Paliza indicó que la validación es un "acto de firme responsabilidad".